MORIR SIN SUFRIR

En marzo de 2005, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid destituyó a varios cargos directivos del Hospital Severo Ochoa de Leganés como consecuencia de una denuncia anónima referente a 400 supuestos homicidios, provocados por sedaciones irregulares en pacientes terminales. En efecto, sin investigación interna previa y, sin respetar la presunción de inocencia, D. Manuel Lamela destituyó a los doctores Luis Montes como jefe de urgencias, Juan Carlos Matos como director médico del centro y Bermúdez de Castro, gerente del mismo.
Casualmente, esta destitución saltó a las portadas de los periódicos el 11 de marzo de 2005, el mismo día que se adjudica la construcción de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid a determinadas empresas, bajo un modelo de gestión que no se ha debatido en profundidad y que enfrenta a dos modelos opuestos de la concepción de la sanidad pública. Si fuera malpensado, parecería que había intención de que esta última noticia pasara desapercibida.
En la denuncia se afirma que médicos que trabajan en el hospital, “siguen las instrucciones de sus jefes de servicio de acabar con la vida de los pacientes por temor a perder su puesto de trabajo”. También se ratifica que el motivo por el que se quita la vida a estas personas es ahorrar dinero a la sanidad pública y que estos asesinatos han podido llevarse a cabo por “el bajo nivel cultural del pueblo de Leganés” y porque “les venía bien para deshacerse de los abuelos” que representaban una carga para las familias. Cuatro inspectores de la Comunidad de Madrid estuvieron trabajando durante cuatro meses en el hospital y en su informe concluyeron que las prácticas eran correctas. Ante una denuncia tan poco concreta y carente de fundamento científico, los expertos van rechazando uno por uno los 400 casos. No obstante, Lamela nombra una comisión para que haga otro estudio paralelo. A mediados de mayo de 2005, la Fiscalía parece que va a archivar el caso por no encontrar irregularidades. Sólo un mes después, la Clínica Médico Forense concluye que no existen indicios de “mala praxis” ni delito, pero la Consejería de Sanidad sigue adelante con su comisión. El 3 de junio de 2006 los peritos del Colegio de Médicos reducen a 34 las sedaciones irregulares, pero sostienen que no es posible afirmar que sean la causa de la muerte de los pacientes y no hablan de “mala praxis”. Una semana más tarde el juez reduce a 15 las sedaciones a estudiar, de las cuales, 11 son aplicadas a pacientes en coma y al final, sólo se cuestionan sólo 4 frente a las 400 iniciales.
El pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés ha sobreseído la causa contra ocho médicos del hospital Severo Ochoa de esa ciudad madrileña por la supuesta sedación irregular a pacientes terminales, que murieron poco después de recibir el tratamiento. En el archivo de la causa, el juez especifica que "Se ha practicado mal la medicina, pero no consta que las muertes sean consecuencias de ello", no habiendo encontrado el juez, elementos suficientes para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial".
Este sobreseimiento llega muy oportunamente después de las elecciones, cuando el señor Lamela se ha desentendido del caso y se le ha nombrado, como premio a su buen hacer, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En los hechos juzgados se intentaba dilucidar si la actuación médica había provocado la muerte de pacientes y, parece claro que no se ha demostrado la relación causa efecto; pero el señor juez se permite decir que se ha practicado mal la medicina.
Para valorar la actuación médica, debemos tener en cuenta que se trataba de pacientes con unas patologías muy graves y una expectativa de muerte a muy corto plazo, en muchos casos en circunstancias penosas y dolorosas. Por ello, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos acepta la sedación paliativa para intentar conseguir que los enfermos terminales agonizantes mueran sin dolor. Es obvio que todos querríamos morir dignamente, sin dolor ni sufrimientos innecesarios, pero la sociedad mira hipócritamente hacia otro lado cuando se nombra la palabra eutanasia. Etimológicamente, eutanasia deriva del griego y significa “bien morir”. El diccionario de la Real Academia la define como “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él”
El calvario de los médicos aún no ha terminado porque las asociaciones de pacientes se agarrarán a la posibilidad de mala praxis en la actuación médica, aunque no hayan causado la muerte. Dentro de esa mala praxis está por ejemplo no haber escrito en la historia clínica o no tener el consentimiento informado. En cambio, la incompetencia y la mala praxis del señor Lamela no será juzgada nunca, aunque en este momento en la comunidad de Madrid muchos enfermos terminales no puedan tener un “bien morir” ya que los médicos saben que su actuación está siendo mirada con lupa y la sedación terminal es una práctica proscrita.
Queda por ver si esos denunciantes o sus familiares se ven algún día en semejante tesitura, solicitarán de algún profesional compasión y alivio para sus sufrimientos.

Que sean felices y la fuerza les acompañe